El Gobierno ampliará «al máximo permitido» la extensión de los créditos ICO

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El Gobierno aprobó el pasado martes, 17 de noviembre, su nuevo plan de choque económico con ayudas para el tejido productivo. Así lo ha confirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su rueda de prensa posterior a la reunión celebrada en Moncloa entre el Gobierno y los agentes sociales para poner en marcha la mesa de diálogo social para canalizar los fondos de la ayuda europea. Calviño ha explicado que el Ejecutivo ya tiene ultimado este plan de choque que se ha negociado hasta el último momento con la Comisión Europea para exprimir al máximo los periodos de carencia y devolución de los créditos ICO para que no sean considerados ayudas irregulares.

Bruselas ha autorizado al Gobierno a que amplíe el periodo de suscripción de los avales del ICO hasta el próximo 30 de junio, lo que otorga una ventana de más de medio año de liquidez para el sector empresarial. Una condición imprescindible para que muchas pymes puedan sobrevivir a los próximos meses tan duros que tienen por delante. Además, Calviño ha señalado que el Gobierno «irá hasta el máximo permitido» en cuanto a la ampliación de los periodos de carencia de intereses y de devolución del principal. De esta forma, se evitarán los problemas financieros que tendrían muchas empresas cuando se venza el primer año del crédito y tengan que empezar su devolución.

Calviño ha asegurado que el Gobierno tiene su «compromiso con el apoyo del tejido productivo y nuestro absoluto compromiso con los sectores que se están viendo más afectados por la pandemia». En este sentido, ha señalado que una parte del plan de choque irá dirigido precisamente a las actividades económicas más afectadas por la crisis del coronavirus: hostelería, turismo y comercio.

El Gobierno tiene un absoluto compromiso con los sectores que se están viendo más afectados por la pandemia

Este plan de choque se articulará por la vía del real decreto-ley para su activación inmediata. Además de las medidas de apoyo al tejido empresarial, incluirá otras políticas adicionales como la rebaja del IVA de las mascarillas desechables, cuyo gravamen pasará del tipo general al tipo superreducido (del 21% al 4%).

El resultado económico de las restricciones de las CCAA

Los representantes de las patronales han reclamado la ayuda urgente del Gobierno, ya que «en esta segunda ola las medidas de choque no están sobre la mesa», ha señalado Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. En su intervención en la mesa de diálogo, ha alertado al Gobierno de que «la pequeña y mediana empresa lo está pasando muy mal» como consecuencia de las restricciones establecidas desde el pasado 25 de octubre con el decreto del estado de alarma. «No podemos perder el día a día», ha señalado Cuerva, porque no solo la ejecución de los fondos europeos va a ser clave para sostener a la economía española, también lo será el sostenimiento del tejido productivo en estos momentos tan delicados.

No hay condicionalidad

La reunión con los agentes sociales ha girado en torno a la canalización de las ayudas europeas. El Ejecutivo ha constituido una mesa de diálogo con la que pretende incorporar al Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia, todas las aportaciones de los agentes sociales. Uno de los puntos más importantes que han trasladado los sindicatos en la reunión es la no existencia de condicionalidad de otras medidas económicas estructurales para el reparto de los fondos. Para los sindicatos la respuesta es clara: no existe condicionalidad del mantenimiento de la reforma laboral ni de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy.

La respuesta de la vicepresidenta ha sido contundente: «En ningún momento cabe plantear la condicionalidad de reformas del pasado». Eso significa que el Gobierno descarta la necesidad de mantener las reformas estructurales de los años 2012 y 2013 para conseguir el visto bueno de los socios europeos a las ayudas. Eso sí, Calviño no ha querido hablar de reformas del pasado, sino que su objetivo es «mirar al futuro» para plantear un nuevo marco de relaciones laborales que permita combatir todos los problemas estructurales de España: dualidad, paro, precariedad, etc. Su declaración va en línea con la de Unai Sordo, secretario general de CCOO: «Los fondos de reconstrucción europeos no están ligados a la posición de no mover reformas como las de la austeridad, reforma laboral y de pensiones».

En ningún momento cabe plantear la condicionalidad de reformas del pasado

Este punto está generando polémica en los últimos días, ya que en un primer momento, el Gobierno aseguró en este documento sobre el plan de ayudas europeas que «la Comisión evaluará si los planes nacionales contribuyen a abordar eficazmente los problemas económicos identificados y las recomendaciones que ha hecho en el pasado». En especial, el Gobierno señalaba que analizaría si estos planes «contribuyen a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social». Reformas como la del mercado laboral juegan un papel clave para determinar el potencial de crecimiento y la creación de empleo de España a medio y largo plazo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado retomar el calendario de reformas que tenía por delante el Gobierno en febrero y que «quedó parado por la pandemia». Entre las medidas que estaban pendientes entonces y lo siguen ahora se encuentra la reforma laboral, la regulación del empleo en las plataformas digitales o la revisión de las políticas activas de empleo. Los sindicatos han urgido al Gobierno a retomar este calendario sin demora.

Fuente: El Confidencial