Subir impuestos en un tejido empresarial machacado

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El cuadro macroeconómico de España está en números rojos. La administración pública está viendo un desplome de los ingresos públicos por la caída del consumo, la inversión, los beneficios empresariales o las rentas de los hogares. En contraposición, el gasto en prestaciones sociales, por desempleo fundamentalmente, se verá notablemente incrementado. 

Gran parte de los países, contemplan un panorama similar, según la intensidad de la crisis y el punto de partida previo. Independientemente de la situación, la clave es la voluntad política sobre qué estrategia fiscal había que adoptar para enfrentar la crisis. 

Si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su fijación en el gasto público, olvidándose de la carga fiscal que soportan las empresas. Pero la empresa está sufriendo y hay que ver los resultados fiscales de la segunda oleada. .Si atendemos por ahora al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes de octubre se habían perdido 32.479 empresas frente al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar la cifra total de 1.286.436. Sufre la pyme, se han perdido 13.441 empresas de 1 a 2 trabajadores y 7.266 de 10 a 49 trabajadores. 

No se ha tenido en cuenta una política business friendly por parte del gobierno de coalición. Solo hemos visto medidas relativas al aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones sociales y liquidez por parte del ICO. Pero dejar de apretar a las empresas, autónomos y trabajadores no ha entrado en los planes del Gobierno. A diferencia de otros países que sí han abordado la carga fiscal a través de la bajada de impuestos. 

Alemania ha impulsado una bajada impositiva temporal general del IVA desde el 19 % hasta el 16%, y del tipo reducido desde el 7 al 9%. El Reino Unido se ha deshecho del impuesto por compra de vivienda y ha bajado el IVA a la hostelería para salir de la crisis (del 20 al 5%).

Con el Presupuesto presentado para 2021, Sánchez apuesta por subir los impuestos. Aparecen nuevas figuras tributarias importantes como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Son del todo un error ambos impuestos. Por el lado del Impuesto sobre Transacciones Financieras, es difícil atraer capitales cuando se ataca el volumen de negociación a través de este impuesto. No es solo el ataque frontal a las empresas de servicios de inversión, sino los daños colaterales como la liquidez en el mercado, afectan gravemente a la toma de decisiones de los inversores que podrían optar en apartarse y reducir su presencia en el mercado. 

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, es aún peor, pues muchas empresas están utilizando la opción digital para sobrevivir en sus negocios. Este impuesto no afecta a las grandes tecnológicas, por su importante poder de fijación de precios para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Se les trasladaría el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores, y en última instancia a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.

Además está el aumento de la presión fiscal en el IRPF (contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas). Específicamente para los «ricos» se impulsarían medidas como la subida de un punto del Impuesto del Patrimonio para las rentas de más de 10 millones de euros y de 3 puntos del IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y otros dos puntos adicionales para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros. 

Se han de mencionar también los impuestos indirectos, en los tipos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro), y de los cambios en la fiscalidad medioambiental (subida de tipos en el gasóleo, creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos).

La hostelería especialmente está sufriendo en esta crisis con intensas restricciones impulsadas por las administraciones públicas. Nuestros vecinos europeos siguen una senda similar, pero con medidas compensatorias para esta industria. 

«Según los datos que reporta la Hostelería de España, los datos generados por la crisis provocada por la pandemia hacen que a octubre de 2020 se hayan cerrado 65.000 negocios de hostelería, y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y el nivel de facturación se haya reducido en más de un 50% respecto a 2019». 

Con la aplicación de un IVA superreducido del 4% a los productos consumidos en la industria hostelera española se contribuiría a incrementar el gasto, aportando 4.320 millones de euros en 2021 y el gasto pasaría a algo más de 86.000 millones de euros a 90.396 millones de euros. 

Esta medida permitiría paliar el enorme impacto de la pandemia en bares y restaurantes españoles, lo que supone concederles capacidad para mantener el empleo y el negocio a través de un mayor consumo. Esta medida está avalada por un total de ocho países europeos que reconocen los efectos positivos de la misma, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo el territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania). 

Fuente: El Blog Salmón